martes, 6 de junio de 2017

El Estado como aguantadero

Según la postura ideológica predominante de un gobierno, se llega al Estado benefactor, al Estado gendarme o al Estado totalitario. En la Argentina se ha establecido una innovación en esa materia ya que hemos implementado el “Estado aguantadero”. La palabra “aguantadero” se utiliza para designar una vivienda utilizada por un grupo de maleantes que les ha de servir de guarida o refugio en los intervalos de espera y descanso.

Esta analogía se justifica por el ingreso al Estado de un importante sector de vagos o ineptos, adherentes a un partido político, a quienes se les brindará un empleo seguro y, a veces, muy bien remunerado. No todo el empleo estatal resulta superfluo, ya que docentes, policías, abogados, etc., son imprescindibles, útiles y necesarios, por lo que debe distinguirse a éstos del excedente mencionado. Incluso puede que varios de los empleados en exceso muestren aptitudes y comportamientos aceptables aun cuando su ingreso a la administración pública no se justifique.

El Estado sobredimensionado, inaugurado por Perón y optimizado por los Kirchner, implica disponer de una masa electoral importante que les permite ser casi invencibles en futuras elecciones. En el caso de algunas municipalidades, cada empleo se intercambia por 20 votos. El nuevo empleado municipal, cuando hay internas en el partido de quien le otorgó el puesto de trabajo, o cuando hay elecciones generales, tiene la obligación (para mantener el puesto) de llevar familiares, amigos o conocidos para asegurar al menos esos 20 votos del acuerdo previo. Los recursos, por supuesto, salen del contribuyente.

La mayoría piensa que es bueno que se le solucione el problema laboral a quien no tiene trabajo; razonamiento válido, pero incompleto, ya que a lo largo y a lo ancho del país existe un exceso de 1,5 a 2 millones de empleos públicos prescindibles, según algunas estimaciones, siendo la principal causa del déficit estatal, ya que, cuando el Estado recibe 100 unidades monetarias en materia de impuestos, principalmente, gasta 106 o 107, diferencia que se cubre con emisión monetaria (que produce inflación) o bien tomando préstamos (que aumenta el déficit, teniendo en cuenta los elevados intereses).

Como el proceso inflacionario afecta mayormente a los sectores de menores recursos, son los pobres los que más padecen el derroche de recursos y es el sector social que crece cada vez más, aunque los principales promotores de este perverso sistema populista son quienes más hablan a favor de los pobres, cuando en realidad lo que les interesa es el poder que le otorgan los votos promovidos de la manera indicada.

Quienes critican el nefasto sistema populista, son calificados como personas “carentes de sensibilidad social”, mientras que los populistas se autocalifican de personas con un alto compromiso con los padecimientos del pueblo. Si alguien propone “un ajuste”, o una reducción razonable del Estado, pensando en disminuir la pobreza existente, seguramente no podrá ganar una elección; y si accidentalmente gana, será destituido en los próximos comicios. El Estado gigantesco e ineficiente es equivalente a un cáncer que absorbe recursos económicos que son necesarios para la inversión productiva y la posterior creación de puestos de trabajo reales. Sin embargo, la mayoría piensa que los empleos que se reducirán en el Estado aumentarán la cantidad de pobres, lo que es cierto en el corto plazo. Pero si se sigue con el enorme exceso de empleados públicos, estamos asegurando el aumento de pobres, incluso en el largo plazo.

Como siempre ocurre en estos casos, la mentalidad imperante es el principal factor que favorece el subdesarrollo y es el principal escollo a vencer. Tal mentalidad se puede observar en una entidad bancaria que paga haberes jubilatorios. Como asiste mucha gente en los días de pago, hay mucho tiempo de espera, por lo que cada jubilado debe sacar un número para ser atendido. Pero resulta que muchos de ellos sacan tres o cuatro números para realizar “la cotidiana obra de bien”, propia de las personas caritativas y con “sensibilidad social”. Esta obra consiste en entregar uno de los números no utilizados a quienes van llegando posteriormente, por lo cual, por cada beneficiado por la reducción de la espera, habrá unos 30 o 40 perjudicados que tendrán que esperar más tiempo del previsto. Esta actitud es la misma que la de quienes votan por los partidos políticos que promueven un Estado cada vez más grande e ineficaz, mientras se oponen a los que pretenden reducirlo.

El principal argumento es que el político que otorga puestos públicos “ayuda a los pobres” mientras perjudica a los ricos (o a los que pagan impuestos), mientras que el que pretende achicar el Estado, para que los empresarios paguen menos impuestos e inviertan productivamente, es considerado como alguien que beneficia a los ricos para perjudicar a los pobres. El proceso mental básico sigue en vigencia por lo que es de esperar un lento pero seguro incremento de la cantidad de pobres que en la Argentina ha sobrepasado ya el 30% de la población.

Si bien el liberalismo propone que el Estado no debe intervenir en la economía, debe aclararse que el sentido de esta afirmación es que no debe perturbar el proceso del mercado una vez establecido. Lo que resulta muy distinto a oponerse a que el Estado administre bien los recursos generados y apoye con infraestructura básica a los diversos sectores de la producción. Pero el exceso de empleados públicos instalados principalmente para ganar elecciones no es un procedimiento que tenga que ver con las posturas ideológicas, ya que se trata de un procedimiento inherentemente corrupto y perverso, que genera nuevos pobres mientras la propaganda política advierte simultáneamente acerca del “peligro de los liberales” carentes de sensibilidad social.

Además del excesivo número de empleados, existe otro inconveniente, y es el ingreso a la administración pública de gente sin la idoneidad suficiente, y que son amigos o pertenecen al partido político gobernante. Eduardo R. Conesa escribe al respecto: “Las democracias que funcionan como países desarrollados tienen Estados organizados sobre una columna vertebral muy fuerte constituida por un servicio civil profesional nombrado sobre la base de exámenes y ascendido a lo largo de una carrera de méritos. Esta burocracia civil de alta calidad le otorga estabilidad, continuidad, efectividad y consistencia a las políticas que persigue el Estado. Además, constituye el escudo más importante que tienen las sociedades para defenderse de la corrupción”.

“Los políticos elegidos por el voto popular ocupan los cargos de alta dirección y fijan las grandes líneas de la acción de gobierno, pero con el asesoramiento de la inteligencia de los que saben y tienen una larga experiencia en los problemas del Estado. El político actúa en el comando como «ave de paso», según sea su suerte electoral. Por ello existe en el político de las democracias clientelistas una tendencia natural a «aprovisionarse» en los años de las «vacas gordas», y de esa manera tener una reserva para los de las «vacas flacas»”.

“Esta debilidad humana es irresistible si el propio político, como presidente o ministro, ha «nombrado» de favor o por amiguismo a una gran cantidad de directores y subdirectores nacionales y generales en los distintos departamentos del Estado. Los funcionarios que detentan nombramientos de favor –sean jueces, directores o comisarios- son muy débiles ante el político que los nombró y ceden antes las presiones para adjudicar las licitaciones a tal o cual firma o dictar sentencia a favor de tal o cual empresa según las directivas del político acreedor. Esta es la esencia del problema de la corrupción”.

“Los funcionarios de carrera, en cambio, actúan con un criterio de largo plazo porque la carrera, aunque se puede tronchar por falta de ascensos, en principio y en la intención es de casi una vida. Por eso estos funcionarios deben cuidar su prestigio y obedecer solamente a la ley. Pero estos funcionarios deben también venir de las entrañas del pueblo porque para entrar a trabajar en los prestigiosos cargos públicos de carrera solamente deben contar los conocimientos y los méritos de los jóvenes profesionales que se presenten a los exámenes del Estado en los distintos ministerios”.

“De ninguna manera deben pesar las influencias familiares o el dinero de sus padres. El ingreso a la función pública profesional debe estar vedado a los «afiliados al partido» y a los parientes y amigos del Presidente o los ministros, salvo que tengan méritos propios y los hagan valer en los exámenes como cualquier hijo de vecino. Este sistema igualitario y objetivo tiene un enorme valor ético para la democracia porque por una parte destruye las «trenzas» y por la otra estimula el orgullo, la autoestima y el patriotismo del cuerpo de funcionarios de carrera porque así sienten que no deben ningún favor a nadie. En definitiva, una burocracia subordinada, inteligente, estable y patriótica es el mejor antídoto contra la corrupción”.

“Las autocracias que son incapaces de organizar un régimen de servicio civil competente de alto nivel fracasan, generan inestabilidad, golpes de estado y en definitiva subdesarrollo. Aquellas autocracias que, por el contrario, son capaces de establecer ese servicio civil de excelencia, con el tiempo se convierten fácilmente en las democracias más eficientes. La propia dinámica del sistema autocrático, si es exitoso en promover el desarrollo económico a largo plazo, lleva a la vía electoral, es decir a la democracia”.

“La misma burocracia de calidad que tuvo éxito en ayudar a conducir un país hacia el desarrollo económico no quiere correr los riesgos de los cambios bruscos de gobierno, típico de las dictaduras. Un segundo dictador podría resultar inepto y la podría remover usando sus poderes dictatoriales. La gran ventaja de las democracias no clientelistas, desde el punto de vista de los funcionarios de carrera, consiste en que los cambios de gobierno en una democracia son previsibles y los poderes de un Presidente constitucional son insuficientes para removerlos y en su lugar «nombrar» a sus amigos políticos” (De “La crisis del '93”-Grupo Editorial Planeta-Buenos Aires 1993).

Durante el gobierno de los Kirchner se hizo exactamente al revés de lo recomendado por el citado autor, ya que se instalaron funcionarios afines al gobierno en la mayor parte del Estado, promoviendo un nivel de corrupción nunca antes visto, con el correspondiente amparo y complicidad judicial. También elevaron el nivel de empleo estatal en forma alarmante, provocando una trampa populista difícil de sortear por el gobierno siguiente y pretendiendo, además, volver al poder con el apoyo incondicional de los sectores favorecidos de alguna forma por la corrupción que instalaron.

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