domingo, 24 de abril de 2016

Del robo espontáneo al robo organizado

La corrupción en el Estado se establece principalmente a través de individuos con poco o ningún patriotismo, ya que el robo al Estado (o desde el Estado) denota cierto desinterés por la sociedad de la cual es un intermediario. El corrupto piensa que “el Estado no es de nadie” y que por ello se le puede robar tranquilamente, sin tener el menor cargo de conciencia.

El robo espontáneo, o no organizado, es el ejercido por funcionarios públicos cuando se les presenta la ocasión y tienen la predisposición respectiva. Una de las formas más comunes es cobrar una especie de “peaje”, o “coima”, para permitir algún trámite o procedimiento que en realidad es un derecho que tiene el ciudadano para hacerlo. Mariano Grondona escribió: “Los actos de corrupción pueden ser clasificados según su gravedad. El primer grado es el de la propina o regalo que se ofrece como signo de gentileza o gratitud. El segundo grado es la exacción, esto es, la extorsión de un funcionario a un ciudadano para que pague para obtener lo que, de todos modos, le es debido. Por último, existe el cohecho, pago que se ofrece o se da para que un funcionario haga lo que no es debido”.

“Mientras los actos de corrupción que ocurren en el sector privado pueden ser controlados o castigados por el Estado, ¿Quién podría controlar o castigar al Estado? Si los mecanismos del Estado están infiltrados por la corrupción, el sistema queda sin apelaciones. Por eso considero que la corrupción en el sector público es más grave que la privada” (De “La corrupción”-Grupo Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 1993).

La corrupción promueve una desnaturalización del Estado y de la sociedad. El citado autor agrega: “El funcionario del cual depende de una decisión no se halla ante ella como en un mercado en donde otros compiten con él; al contrario, goza de un monopolio: es el único con jurisdicción para decidir el tema. Si explota esta situación monopólica para que le rinda, comete un acto de corrupción. Se da entonces la paradoja que propuso el premio Nobel Gunnar Myrdal: en los países subdesarrollados el sector privado es estatista porque pide protección y subsidios al Estado, y el sector público es privatista porque lo anima el espíritu de lucro individual. Los roles se invierten: los privados operan en la esfera pública, mientras la esfera pública opera bajo el influjo del lucro privado”.

La corrupción adquiere dimensiones gigantescas cuando el Estado pasa a ser dirigido por una organización delictiva asociada al partido político gobernante; se llega entonces al “robo organizado”. Mientras que el peronismo se caracterizó por ser un movimiento constituido por una multitud de ladrones espontáneos, seguidores incondicionales de su líder, el kirchnerismo presentó todos los atributos de constituir el “robo organizado”, de donde tiene sentido la expresión de Fernando A. Iglesias: “El kirchnerismo, etapa superior del peronismo”.

La connivencia entre el Estado y algunas empresas privadas, que realizan obras públicas, ha constituido el núcleo principal de la corrupción kirchnerista. Uno de los primeros casos conocidos fue el asociado a Skanska. “Skanska es una empresa de capitales privados suecos dedicada a las construcciones de gran envergadura, acredita 17 mil millones de dólares de facturación anual y más de 52 mil empleados en todo el mundo”.

“La sede de Skanska en la Argentina fue allanada el 15 de marzo de 2006: la justicia investigaba apenas un caso importante de evasión impositiva mediante facturación trucha a 23 sociedades diferentes, durante la ampliación del tramo de un gasoducto, impulsada por el Ministerio de Planificación. Fue la propia constructora la que reconoció el pago de «comisiones indebidas» a través de esas facturas”.

“Este caso, el escándalo de corrupción más importante de los últimos tiempos, puso en el tapete la enorme trama de la obra pública de la Argentina y compromete seriamente al ministro Julio De Vido. El tejido de alianzas, que con notable impunidad se disimulan en la obra pública, tiene caracteres propios en el gobierno K: cartelización entre empresas amigas, mayores beneficios para provincias gobernadas por amigos, administración concentrada en funcionarios sospechados, sistema de financiamiento con escasos controles –los polémicos fideicomisos- y manejo discrecional de fondos con superpoderes y el ninguneo del presupuesto nacional, que históricamente se llamaba Ley de Leyes” (De “El club K de la obra pública” de Pablo Abiad-Grupo Editorial Planeta SAIC-Buenos Aires 2007).

Por lo general, el sector partidario del gobierno de turno tiende a culpar a las empresas que pagan sobornos y a considerar a los funcionarios como seres inocentes que han sido pervertidos por “el capital”. En realidad, si una empresa pretende trabajar en un país corrupto, debe pagar lo que los funcionarios le exigen o bien resignarse a irse del país. Recordemos que todo el dinero asociado a las coimas y sobreprecios surge del contribuyente. Pablo Abiad escribió: “En dos décadas, ningún Presidente anunció tantas obras. Son obras necesarias, si cada vez que hace frío falta el gas, si cada vez que hace calor falta electricidad y si millones de personas viven sin casa o agua potable. El problema es lo que hay detrás. La obra pública de la Argentina se reparte entre un puñado de empresas. La administración de los fondos está concentrada en un área, el Ministerio de Planificación, sin órganos de control eficientes; tanto es así, que una de las autoridades de esos órganos es la esposa del mismo ministro que dispone dónde se invierte y dónde no. La normativa que rige la actividad es enrevesada, llena de excepciones. Y el mecanismo financiero privilegiado, los fideicomisos, tienen una fiscalización limitada”.

“La combinación es ideal para que las licitaciones se arreglen de antemano y se pague 10 lo que vale 5. La diferencia se va entre sobreprecios y coimas, que no son sinónimos”.

El uso de las matemáticas en ciencias sociales sirve, por lo general, para establecer descripciones con mayor precisión, sin que sea necesario realizar cálculo alguno. También en el caso de la corrupción se estableció una ecuación en la que aparecen las principales causas que la favorecen. Luis Moreno Ocampo escribió: “C = M + D – T. Corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. La fórmula fue desarrollada por Robert Klitgaard cuando dictaba cursos en la Universidad de Harvard sobre la forma en que el máximo responsable podía controlar la corrupción del organismo que conducía. Ese es un problema de muchos países desarrollados”.

“En la Argentina, como en muchos otros países subdesarrollados, el problema a resolver es distinto. ¿Cómo hacen los ciudadanos para controlar la corrupción de los altos funcionarios? Una de las claves para controlar y prevenir la corrupción es detectar la influencia del sistema político. En un régimen de poder hegemónico (PH) no hay poderes independientes sino un poder monopólico (M), no se cumple la ley sino la discrecionalidad de los que detentan la autoridad (D) y se restringe la libertad de prensa y la información afectando la transparencia (T)”.

“PH = M + D – T. Poder hegemónico es igual a monopolio, más discrecionalidad menos transparencia. Y si reemplazamos los términos iguales resulta que PH = C. Poder hegemónico es igual a corrupción” (De “En defensa propia”-Editorial Sudamericana SA-Buenos Aires 1993).

Como resulta sencillo de advertir, el Poder Ejecutivo kirchnerista se constituyó en un poder hegemónico al absorber al Poder Legislativo y al Judicial. Favoreció a los “amigos” del poder otorgando concesiones a ciertas empresas en perjuicio de otras. Favoreció la compra de medios periodísticos privados con dinero público, a la vez que usó los medios de información estatales a favor del partido gobernante. Destruyó las estadísticas del Estado (INDEC) para desinformar a la población. De ahí que, en el caso argentino, puede escribirse: Kirchnerismo = Corrupción

La expresión anterior implica que los populismos, en general, son esencialmente corruptos, igual que los totalitarismos, lo que no constituye novedad alguna para el observador con ideas y mentalidad democrática. Son ejemplos que confirman la validez de la fórmula mencionada.

Por lo general, cuando el Estado interviene directamente en la economía, a través de las empresas estatales, o bien distorsionando el mercado o destruyendo la moneda, genera las condiciones favorables para una “hipercorrupción”; otra forma de denominar al robo organizado. Javier González Fraga escribió: “El Estado debe reducir sus funciones para centrarse sobre aquellas verdaderamente indelegables: la administración de la justicia, la salud, la vivienda, la educación y la seguridad. Pero debe limitar sus actividades en lo posible, ya que cuanto más interviene el Estado más oportunidad de corrupción hay. No debería ser una decisión estatal, por ejemplo, qué sector económico crece o cuál está expuesto a la competencia”.

“Por lo que respecta a las privatizaciones, presentan una paradoja. Curiosamente, son un caso donde la corrupción política abunda, pero es también gracias a ellas que la corrupción burocrática termina. Quizás algún pragmático…justificaría a las privatizaciones como un último gran acto de corrupción en aras de un bien mayor: la desaparición de la corrupción en las empresas del Estado”.

“La estabilidad monetaria es otro gran guardián contra la corrupción. En los países donde hay inflación es muy fácil lograr diferencias de precios para generar utilidades mal habidas. Cuando el déficit fiscal es permanente se pueden justificar partidas más fácilmente que cuando hay una fuerte restricción presupuestaria. Y si esta estabilidad es asegurada con un Banco Central y una Dirección Impositiva independientes, más difícil resultarán las posibilidades de obtener subsidios, excepciones impositivas, financiamientos en condiciones excepcionales, etc.”

“Creo entonces que la desregulación, la estabilidad y una justicia independiente son tres elementos indispensables en esta batalla, una forma sin duda eficaz de por lo menos achicar el ámbito de los actos de corrupción estatal. Pero hay un cuarto ingrediente que siempre resultó eficaz en los países que lucharon con éxito contra la corrupción, y es la disposición para castigar a los corruptores, al igual que a los funcionarios corruptos” (De “La corrupción” de Mariano Grondona).

Como la reducción de las intervenciones del Estado en la economía es considerada una “práctica neoliberal”, en la Argentina existe una fuerte tendencia a apoyar los regimenes populistas e intervencionistas, por lo que pocas esperanzas quedan para reducir con eficacia uno de los principales flagelos que impiden vislumbrar una mejora notable en materia de transparencia y eficacia estatal.