domingo, 7 de junio de 2015

Legitimidad de acceso al poder vs. legitimidad de la gestión

Existe, por lo general, una tendencia a valorar las acciones humanas adoptando como referencia las leyes humanas, provenientes del Derecho, en lugar de adoptar como referencia las leyes naturales asociadas a la Ética natural. En cuestiones de política, un acto considerado legal debería también ser considerado moral. Sin embargo, muchas veces ocurre que sólo unas pocas leyes humanas son tenidas en cuenta, dejando de lado otras tantas, para legitimar acciones reñidas con los requisitos elementales para un comportamiento considerado ético. Este es el caso de los sectores populistas y totalitarios que priorizan la ley electoral incumpliendo la mayor parte de las leyes restantes.

Mientras se aduce la legitimidad de acceso al poder, al respetar la decisión popular manifestada mediante una votación, se incumplen leyes asociadas a la gestión del mandato, lo que implica establecer un gobierno ilegítimo por ser también ilegal en su mayor parte. También es ilegítimo el gobierno que accede al poder sin respetar el mandato electoral aunque cumpla con las leyes asociadas a su gestión. Sin embargo, para valorar los distintos tipos de gobierno del pasado, debe adoptarse el criterio de contemplar ambos aspectos simultáneamente, de manera de poder considerar como ilegítimos a los gobiernos de tipo populista que se caracterizaron por infringir la mayor parte de las leyes vigentes, o bien cuando las cambiaron por otras leyes que resultaron incompatibles con los principios elementales de la democracia.

Si se adoptara este criterio, miraríamos la historia de manera distinta, incluso considerando como antidemocráticos algunos gobiernos totalitarios surgidos mediante procesos eleccionarios (como los gobiernos de Perón) y democráticos los gobiernos de facto que pretendieron restaurar la democracia usurpada y tergiversada por la demagogia y la mentira. Quienes consideran, con bastante razón, que es injusto considerar democráticos a gobiernos surgidos mediante golpes de Estado, entenderán también que es una aberración considerar democráticos a gobiernos que usaron el poder para destruir el orden social imponiendo el criterio del déspota de turno y cuyas intenciones eran impropias de una persona normal. Germán J. Bidart Campos escribió: “Ha sido necesario que, paulatinamente, la infiltración del cristianismo en la ideología política iluminara la concepción del Estado y del orden político para que de ahí en más surgieran autores y corrientes de doctrina que negaran obediencia al gobernante injusto, y que acordaran a la comunidad el derecho de resistirle y deponerlo en casos excepcionales y con ciertas precauciones”.

“El primer atisbo lo hallamos ya en el Nuevo Testamento, en el texto de los Hechos de los Apóstoles donde se dice que hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. O sea que cuando el gobernante manda algo en contra de la ley divina, la prioridad de la obediencia a Dios permite que se desobedezca la orden del gobernante, y a veces, según los casos, hasta obliga a esa desobediencia”.

“Desde este planteo de base religiosa y ética, se salta a muy ulteriores concepciones, que al distinguir en el poder y en el gobernante una legitimidad de origen (cuando el acceso al poder es legal y regular) y una legitimidad de ejercicio (cuando el poder se usa conforme a derecho y justicia), van a fabricar la idea de que la legitimidad de ejercicio se pierde por el mal uso del poder. Ese ejercicio desviado llega a autorizar, en situaciones de extrema gravedad, la desobediencia y la resistencia. Estamos ante el tirano de ejercicio, o sea, aquél que pese a su título legal en el acceso al poder, emplea el poder en contra del bien común, de la ley natural, de la ley divina, de la justicia, etc.” (De “Lecciones elementales de política”-Ediart-Buenos Aires 1996).

Lo esencial del cristianismo consiste en el prioritario acatamiento a la ley de Dios antes que a las leyes del hombre, lo que se simboliza como el gobierno o el Reino de Dios. Para promover la obediencia de los hombres a la autoridad del rey, se admitía que el propio rey debía estar sometido previamente a la ley de Dios. Posteriormente se consideró que entre gobernantes y pueblo existía un pacto o contrato que debía ser cumplido por ambas partes. Su incumplimiento, por parte del gobernante, daría lugar a una legítima desobediencia por parte de los gobernados. El citado autor agrega: “En un primer momento, la máxima injusticia por parte del gobernante se consideró radicada en los mandatos y órdenes opuestos a la ley divina. Es allí donde la ya citada afirmación apostólica ponía frente a frente dos lealtades en conflicto: la lealtad a Dios y la lealtad al poder temporal. La opción se decidía por lo más valioso: la obediencia a Dios antes que la obediencia a los hombres. En alguna medida, el pensamiento griego anterior a Cristo había dejado un planteo semejante en la Antígona de Sófocles, que prefirió sepultar a su hermano conforme a la ley de los dioses, desobedeciendo al gobernante que lo tenía prohibido”.

“Cuando, avanzada la especulación ética y política, se da por cierto que el gobernante tiene un deber de servicio para el bien de la comunidad, y que debe actuar según la ley natural y el derecho humano vigente en su reino, la infracción a la justicia halla campo más amplio para considerarse consumada, cada vez que de modo sistemático y habitual el gobernante se aparta de sus obligaciones frente al pueblo. Y aunque durante mucho tiempo no se llegue a admitir que el pueblo pueda hacer responsable ante sí al rey injusto, ni se acepte una vis o fuerza coactiva contra el gobernante, se alegará en casos extremos que el derecho de legítima defensa autoriza a desobedecer y a resistir frente a la tiranía insoportable, cuando agotados los recursos normales previos, no quede a disposición de la comunidad otra vía para deshacerse del tirano”.

“Al jugar entre rey y pueblo un vínculo pactado, con la consiguiente obligación recíproca, se va a decir que el juramento de fidelidad y el consentimiento prestado por la comunidad al gobernante están condicionados a que el gobernante cumpla, a su vez, con su deber de actuar justamente y en beneficio de la comunidad. Y aquel vínculo se considerará roto cuando el gobernante incurra en infracción a su obligación regia”.

Por lo general, en la Argentina se acepta como legítimo y “bueno” al gobierno que accede al poder vía elecciones, aunque luego establezca una tiranía de tipo totalitario. Por el contrario, se considera ilegítimo y “malo” todo intento de liberar al pueblo de tal tiranía. Así, se considera como “democráticos” a los tiránicos primeros gobiernos ejercidos por Perón y “antidemocrática” la Revolución Libertadora que debió ser realizada para restaurar la democracia. De ahí que el peronismo considere sólo la legitimidad de acceso al poder mientras que la oposición considera también la legitimidad de la gestión gubernamental.

Daremos un paso adelante cuando tengamos en cuenta que no todos los golpes de Estado han sido antidemocráticos ni todos los gobiernos electos han sido democráticos, para poder así incluir entre las causas del subdesarrollo no sólo los errores de los militares, sino también de los políticos populistas.

Hubo golpes de Estado posteriores que no respondieron a causas extremas, tales los que destituyeron a Arturo Frondizi y Arturo Illia. El reemplazo de gobiernos legítimos, que podrían considerarse mediocres, al ser reemplazados por gobiernos de facto también mediocres, no tenía razón de ser.

Luego de una etapa bastante exitosa, conocida como “el orden conservador”, se inicia la era del populismo y de los golpes de Estado, que produjeron el continuo retroceso del país en comparación con el resto de los países. Mientras que la Argentina se ha liberado de los gobiernos militares, todavía estamos lejos de liberarnos de los gobiernos populistas y totalitarios con acceso legítimo al poder.

El primer golpe de Estado del siglo XX fue el que derrocó a Hipólito Yrigoyen. La “culpa” de ese golpe no debe atribuirse sólo al Gral. José F. Uriburu, sino también al propio Yrigoyen, quien había constituido un gobierno populista con ciertos atisbos de tiranía. Nicolás Márquez escribió: “El anciano mandatario gestionaba con una notoria lentitud e ineptitud personal a la hora de responder a los reclamos políticos y sociales. Pasaban los meses y aún no se había llevado a cabo ninguna sesión ordinaria del Congreso. Las provincias opositoras eran intervenidas, y el país padecía a un gobierno paralizado”.

“El deterioro era tan evidente que hasta sus propios partidarios comenzaron a quitarle apoyo sumándose al descontento popular y con ello potenciando la debilidad gubernamental: «Una de las pobres respuestas que el radicalismo había encontrado, contraproducente y peligrosa, fue la de promover el fraude electoral en las Provincias de San Juan, Mendoza y Córdoba, y responder con más violencia a la violencia de la oposición», señala el historiador Claudio Chaves”.

“El de 1930 ni siquiera puede considerarse un golpe anti-radical: relevantes hombres de la UCR […] reivindicaron la sublevación militar. El propio ex Presidente Alvear […] arremetía con lenguaje socarrón: «Tenía que ser así. Yrigoyen con una absoluta ignorancia de toda práctica de gobierno democrático, parece que se hubiese complacido en menoscabar las instituciones. Gobernar no es payar. Para él no existía ni la opinión pública, ni los cargos, ni los hombres. Humilló a sus ministros y desvalorizó las más altas investiduras. Quien siembra vientos cosecha tempestades»” (De “Perón. El fetiche de las masas”-Grupo Unión-Buenos Aires 2015).

En forma similar en que se considera la Revolución de 1930 como el inicio del deterioro y estancamiento nacional, y no a la presidencia de Yrigoyen, se conoce como “la década infame” a la iniciada en 1930 en lugar de atribuir tal denominación, con mayor justicia, a la que se inició en 1943. Esta etapa, que va del 43 hasta la destitución de Perón en 1955, fue la de un régimen totalitario que esencialmente imitaba la fallida política social y económica del fascismo y del nazismo. Sin embargo, como el criterio imperante consiste en valorar la legitimidad del acceso al poder (como fue el caso de Perón) sin tener en cuenta los resultados concretos de la gestión, se pasa por alto el proceso que deterioró seriamente a la nación y del que todavía no nos hemos podido liberar. El citado autor escribió: “A pesar que durante la gestión de Uriburu existieron algunas pretensiones corporativistas en materia económica, afortunadamente no llegaron a aplicarse por falta de consenso político y por ende el de Uriburu acabó siendo un gobierno de orden y transición. Al poco tiempo, el Presidente de facto llamó a elecciones reanudándose así los comicios y la actividad política, consagrándose Presidente el candidato conservador Agustín P. Justo (que paradójicamente había sido Ministro radical durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear), quien gobernó el país entre 1932 y 1938 restaurando una tradición de administraciones conservadoras que se prolongarán hasta junio de 1943”.

Mientras que alemanes e italianos abandonaron lo que perjudicó seriamente a sus países, como el nazismo y el fascismo, gran parte de los argentinos mantiene vigente al peronismo. Debido a que el peronismo asegura un importante caudal de votos y de apoyo, varios gobiernos posteriores lo imitaron, ya se tratara de políticos o de militares. Así nos va.