La actitud semidemocrática

En la Argentina predomina la idea de que en política debe existir un sistema democrático ya que el ciudadano medio es suficientemente apto para elegir al candidato que le conviene a la sociedad. Sin embargo, se supone que en cuestiones económicas son los políticos quienes, desde el Estado, deben dirigir y orientar a la economía, ya que el mismo pueblo, maduro para lo político, resultaría inmaduro para realizar los intercambios y emprendimientos que constituyen el mercado, que no es otra cosa que las millones de decisiones que individualmente adoptan los distintos integrantes de la sociedad. Ernesto Sandler escribió: “Los mismos que alzan su voz contra los gobiernos que cercenan su libertad política son los que demandan con igual pasión que el Estado dirija la economía, ponga limites a las empresas privadas, regule los precios, controle el mercado, limite las importaciones, supervise las inversiones y exija un cierto nivel en los salarios de los trabajadores. Mientras defienden la libertad política individual como sustento necesario para desarrollar una democracia plena, por el otro lado exigen que el Estado cancele o circunscriba la libertad económica de los miembros de la sociedad. Lo hacen bajo la convicción de que esa libertad es no sólo una farsa para las grandes mayorías, sino también negativas para la democracia”.

Esta preponderancia de democracia en política y totalitarismo en economía se hizo evidente durante las últimas elecciones presidenciales (2011) en las cuales no participó ningún candidato democrático, sino varios semi-democráticos, seguidores de Perón, Yrigoyen y Marx, incluso algunos disfrazándose de democráticos en lo político, ya que poco respetan las reglas de tal sistema. Álvaro Alsogaray comentaba hechos similares en el pasado: “Los líderes políticos carecían de fuerza y de convicción porque estaban ellos mismos sujetos a fundamentales contradicciones. Actuaban en un determinado sentido al considerar los problemas políticos y procedían de una manera diametralmente opuesta o por lo menos absolutamente incongruente al referirse a los problemas económicos” (De “Bases para la acción política futura”-Editorial Atlántida-Buenos Aires 1969).

El auge de las tendencias intervencionistas, en contra del mercado, van surgiendo a medida que decae el elevado lugar que ocupaba el país en el orden internacional. Ernesto Sandler escribe: “Para principios del siglo XX, el ideario a favor de la construcción de un Estado omnipresente que planificara la economía y controlara la actividad privada estaba en plena ebullición. Todas las normas legislativas apuntaban a un Estado más presente y a una limitación del mercado. Sin embargo, fue el peronismo forjado en la década del ’40 el responsable de dar el último golpe de horno a la construcción de un tipo de Estado omnipresente y regulador de las relaciones económicas. El peronismo no sólo expresó a viva voz el ideario en contra de la libertad económica y a favor del ordenamiento económico a cargo del Estado, sino que le dio forma jurídica e institucional”.

“Todos los gobiernos que se sucedieron, incluidos los que desalojaron por la fuerza al peronismo, no se limitaron a mantener la misma matriz ideológica, sino que la ampliaron, dando lugar a la consolidación de un Estado omnipresente y rector del quehacer económico. Por eso, la sentencia que asegura que todos los argentinos son peronistas es, desde la perspectiva económica, absolutamente acertada. A partir del establecimiento del peronismo, la economía argentina nunca cambió su rumbo y su matriz. El Estado asumió gradualmente un poder ascendente y avanzó sobre todo el orden económico, aunque los argentinos siguieran sosteniendo que estaban dentro de un régimen de mercado con libertad económica”.

El accionar del Estado debería presuponer un normal comportamiento del empresario estableciendo tanto el marco jurídico como la seguridad e infraestructura necesarias, presuponiendo tal normalidad hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, al considerar que el empresario es culpable hasta que demuestre lo contrario, el Estado prioriza una actitud de control y mando en lugar de colaborar con la producción. No es lo mismo decir que todos son buenos excepto unos pocos a decir que todos son malos excepto unos pocos. Si bien la realidad no ha de cambiar a partir de la presunción de los porcentajes respectivos de bondad o maldad, lo que sí ha de cambiar es la actitud del empresariado respecto del Estado por cuanto un Estado pro-mercado favorece a los empresarios auténticos mientras que un Estado intervencionista favorece a los empresarios que tratan de beneficiarse a partir de un vínculo personal establecido con los políticos.

“Los trabajadores que quieren vivir de su trabajo terminan explotados por monopolios privados que actúan con el beneplácito del Estado. Los que se inclinan por la industria del juicio, usufructúan los subsidios públicos o emprenden negocios espurios, obtienen notables ganancias sin trabajar, amparados por leyes promulgadas por funcionarios irresponsables. Los empresarios independientes viven dentro de un corsé instalado por la regulación pública, que les impide actuar en libertad. El orden económico está plagado de regulaciones e impuestos exorbitantes, y supeditado a un régimen de inseguridad jurídica como consecuencia de la arbitrariedad del Estado omnipresente. Sólo se salvan de la quiebra los empresarios privados que se asocian con los funcionarios estatales para defender sus privilegios” (De “El Estado terminator” de Ernesto Sandler-Mucho Gusto Editores-Buenos Aires 2014).

En cuanto a la forma de pensar predominante en la ciudadanía argentina, el citado autor escribió: “Se podría decir que los argentinos tienen un pensamiento dual o bipolar sobre la economía. Son portadores de dos visiones diferentes y opuestas sobre cómo deben funcionar las relaciones económicas, según las analicen desde una perspectiva personal o social. Tienen una opinión cuando emprenden una actividad económica individual y otra totalmente diferente cuando hacen referencia al sistema económico que debe regir para toda la sociedad”.

“Al cambiar la perspectiva de análisis entre lo individual y lo colectivo, la opinión de los argentinos cambia radicalmente. De un pensamiento a favor de la libertad para emprender proyectos por cuenta propia, pasan a uno totalmente opuesto sobre cómo debe organizarse la economía global. Están convencidos de que el Estado debe ser el responsable excluyente de ordenar y dirigir la economía social. No se percatan de que esa exigencia incide negativamente sobre la libertad y autonomía que reclaman para emprender sus actividades individuales”. “En otras palabras, los argentinos exigen el máximo de libertad económica personal y el máximo control para los otros. Esa es la síntesis del ideario dominante en el país”.

Esta mentalidad dominante puede también describirse como una actitud que adopta una moral individual distinta de la moral social; algo así como si se respondiera a un mandamiento tal como “ámate a ti mismo, pero odia al prójimo”. Tal actitud se hace evidente ante la forma de interpretar un mismo hecho según quienes sean los protagonistas. Así, cuando un jugador argentino hace trampas en un Mundial de Fútbol, se alaba su “viveza” y su “picardía” aduciendo luego haber utilizado “la mano de Dios”. Sin embargo, cuando consideramos que nos perjudicó algún error arbitral, de inmediato se habla de “una mano negra”.

En la Argentina se le tiene cierto temor al liberalismo por cuanto hubo quienes, en su nombre, transfirieron la deuda empresarial al Estado, es decir, al resto de la población. Algo injusto que poco tiene que ver con el liberalismo que se opone tanto a las confiscaciones de empresas por parte del Estado como la transferencia de deudas privadas a deuda pública, ya que en todos esos casos no existe la búsqueda de beneficio simultáneo entre dos partes, sino el perjuicio de una a favor de la otra. Además, los intentos de adoptar una economía de mercado sin contemplar la gradualidad que se necesita para vencer la inercia social propia de toda sociedad, sin dar tiempo a una lenta adaptación, condujeron a resultados muy pobres.

Una de las “pruebas” aducidas contra la privatización de empresas esgrimida por el sector semi- democrático es que algunas de esas empresas siguen funcionado tan mal como cuando eran estatales. En realidad, lo importante de una privatización implica que una empresa quede sometida a las reglas del mercado, ya que no existe gran diferencia entre una empresa estatal o privada si ninguna de las dos compite con otras, sino que son monopolios. Al quedar bajo su jurisdicción, es el Estado quien debe cubrir las pérdidas que anualmente generan.

Como se sostiene que las empresas privadas buscan beneficios particulares mientras que el Estado busca el “bien común”, las ganancias empresariales se consideran como “algo malo”. Eric D. Butler escribió: “Uno de los rasgos esenciales del sistema económico de libre empresa es el factor ganancia. Pero los comunistas, mediante su continua propaganda inescrupulosa, han conseguido crear la opinión de que el factor ganancia es algo malo. Se ha logrado establecer eficazmente lo que podríamos llamar complejo de culpa en gran escala” (De “Psicopolítica” de Kenneth Goff-Editorial Nuevo Orden-Buenos Aires 1966).

De ahí que muchos admitan que las grandes empresas estatales, que producen enormes pérdidas anuales, cumplen sin embargo “una función social” y que no debemos preocuparnos por ello. Tal es el caso de Aerolíneas Argentinas, con pérdidas que van de 1 a 2 millones de dólares diarios. Adviértase que con 1 millón de dólares puede construirse un pequeño barrio de unas 20 viviendas. Los excesivos gastos del Estado, sostenidos con emisión monetaria, es la principal causa de inflación, que luego ha de incidir en el aumento de los niveles de pobreza.

Cuando alguien padece cáncer, consistente en un tumor que crece destruyendo tejidos y órganos sanos, pocos lo van a ver como algo positivo. Sin embargo, las empresas estatales con enormes pérdidas, que constituyen un verdadero cáncer para la sociedad, son consideradas orgullosamente como “bien nuestras”. Y si alguien prefiere privatizar tal “tumor”, se lo ha de considerar un “traidor a la patria”, o algo similar, ya que ha de permitir que algún empresario, especialmente extranjero, se beneficie con ello obteniendo “pingües ganancias”.

El sistema semi-democrático favorece la desigualdad social que trata de combatir, ya que existe un sector de marginados que avanza año a año. Incluso algunas mediciones indican que el nivel de pobreza actual es del 36% de la población, mientras que en la década de los 60, cuando comienza el accionar de la guerrilla “liberadora de los pobres”, el nivel de pobreza era menor a un dígito y cercana al 5%. Países como Venezuela y la Argentina están mostrando al mundo cómo, a pesar de tener riquezas naturales suficientes, pueden llegar a niveles de pobreza muy altos cuando las ideas predominantes no son las adecuadas.