lunes, 17 de febrero de 2014

Culpables por la inflación

El sector político gobernante en la Argentina ignoró durante varios años la inflación existente tergiversando las estadísticas oficiales e incluso multando a quienes las elaboraban desde el sector privado. Ante la conveniencia ocasional de acercarse a la verdad, dejó de lado la táctica anterior aunque esta vez para responsabilizar a empresarios, y a medios de información opositores, por la inflación existente, autoexcluyéndose de toda responsabilidad, siendo un síntoma de que poco o nada hará por revertir la situación. Carlos S. La Rosa escribió: “La historia del Indec K es la de la mentira argentina más burda en lo que va del siglo y el hecho de persecución política más significativo que realizó el gobierno kirchnerista en toda su trayectoria. Por eso indigna que ahora quieran autoindultarse tratando de reconstruir un índice inflacionario cercano a la verdad porque se los exija el Fondo Monetario Internacional, pero sin pedir disculpas y ni siquiera admitir indirectamente las gravísimas faltas que cometieron en estos siete años de absoluta falsedad estadística” (Del Diario “Los Andes”-Mendoza 15/02/2014).

Las personas que tienen dignidad, o que son dignas de su esencia humana, son aquellas que respetan la integridad ética propia y la de las demás personas. Sin embargo, por alguna conveniencia circunstancial, a veces se deja de lado el cumplimiento de normas éticas aunque sin menospreciar su valor, de donde surge la hipocresía. La peor alternativa la constituye el que miente descaradamente a toda la población de un país, tratándose de un síntoma de “cinismo a gran escala”. La pérdida de dignidad de los gobernantes resulta ser un mal ejemplo para la sociedad, especialmente en épocas de severa crisis moral. Paul Foulquié escribió: “Como actitud moral o práctica, el cínico desprecia, no sólo los convencionalismos, sino también la moral, que viola sin sombra de vergüenza o pesar, incluso con afectación de impudor” (Del “Diccionario del Lenguaje Filosófico”-Editorial Labor SA-Barcelona 1967).

Los procesos inflacionarios argentinos, generalmente comienzan con la decisión del gobierno de devaluar el dinero, induciendo a que todo individuo trate de proteger su patrimonio, o incluso a sobreprotegerse cayendo en la especulación. Así, cuando un comerciante, que recarga habitualmente el 30% sobre el costo de cierta mercadería, recibe la reposición con un aumento similar, o superior, advierte que ha ganado muy poco, o incluso que ha perdido dinero. De ahí que, en adelante, tratará de protegerse de la inflación remarcando con un 50%, o más, sobre su costo. Existirá, por lo tanto, una delgada línea entre protección y especulación, mediante la cual buscará mayores ganancias mientras la gente siga comprando. También podrá sufrir pérdidas cuando a la gente cada vez le rinda menos el sueldo.

La suba de precios, debida a la emisión monetaria a un ritmo superior al del crecimiento de la producción, generalmente se realiza para cubrir los gastos excesivos por parte del Estado, lo que se ha denominado “inflación política”. G. A. Pastor escribió: “La inflación política debe conducir a la reglamentación más estricta y extensa posible; hacer la inflación con el máximo de los medios y aprovechar de ellos para excitar a las masas contra los especuladores, los intermediarios, los financistas internacionales, etc.”. “Recomienda especialmente el control de los precios. A medida que la inflación empuja a la moneda hacia su depreciación y que los precios suben, los comerciantes buscan la manera de eludir sus consecuencias, tratando de aumentar sus precios de venta para poder, por lo menos, reponer lo que venden. Al mantener los precios oficiales muy lejos de su valor real, el gobierno transforma a todos los comerciantes en delincuentes y a sus clientes en cómplices” (De “La inflación al alcance de todos”-Emecé Editores SA-Buenos Aires 1958).

Otro de los culpables por el proceso inflacionario es el propio electorado que, aun con una inflación anual de alrededor de un 20%, apoyó masivamente el proceso político y económico con un 54% de los votos. Este porcentaje llevaba asociado un implícito mensaje que podía interpretarse como un “estamos contentos con la inflación y deseamos la profundización del modelo”. Si bien se puede rechazar esta expresión aduciendo que no fue ése el deseo mayoritario, debemos decir que el que desea verdaderamente comprarse un automóvil es el que trabaja a un ritmo acorde a su precio, y no el que declama diariamente cuál es su ambición. De la misma forma, debemos tomar las acciones y decisiones humanas como sus verdaderos deseos, porque los efectos producidos se deben a ellas.

Es conveniente mencionar algunos aspectos asociados a la inflación y que muchas veces no son tenidos en cuenta por la población. En primer lugar, debemos tener presente el caso de una economía estable, para hacer comparaciones posteriores. Supongamos una producción inicial de 100 unidades con un costo de $ 1 por unidad. Para permitir los intercambios sin inconvenientes, debe existir una cantidad de dinero circulante de $ 100. De lo contrario, disponiendo de una cantidad inferior, varias transacciones no podrán realizarse. Si, luego de un año, la producción se incrementa en un 3%, el organismo de emisión monetaria deberá imprimir ese mismo porcentaje para mantener la economía en pleno funcionamiento.

Veamos ahora lo que ocurre en un proceso inflacionario. Supongamos nuevamente que el periodo se inicia con 100 unidades a $ 1 por unidad. Para simplificar, supongamos que durante el año no existe incremento de la producción, pero resulta que el organismo de emisión incrementó el circulante en un 10% anual, es decir, en $ 10, siendo el circulante total de $ 110.

Si la producción sigue sin aumentar durante el año siguiente y el déficit del Estado requiere para su funcionamiento un exceso de emisión similar al anterior, la inflación anual será también del 10%. En este nuevo periodo, ese porcentaje implica un incremento de los precios de $ 110 x 0,10 = $ 11. Luego, el circulante total necesario para el segundo año será de $ 110 + $ 11 = $ 121.

El detalle importante es que, para mantener un nivel de actividad que no sea afectado por la falta de dinero circulante, el Estado debe imprimir (para un mismo nivel de gastos) cada año un poco más que el anterior, por lo que el proceso se realimenta hasta hacerse incontrolable. Aun cuando los gastos estatales estén “bien destinados” (lo que no es un caso frecuente), resulta que el “remedio” termina siendo peor que la enfermedad. Enrique Ballestero escribió: “La inflación avanzaba mucho más deprisa que los esfuerzos del gobierno para crear empleo, y además (esto era lo paradójico) se destruía empleo en el sector privado. La economía entraba en un proceso de desorganización e ineficacia”. “El ahorro de las empresas no se invierte todo él en crecimiento real, ni siquiera en actividades normales de producción, sino también en actividades especulativas, como los stocks extraordinarios de materias primas para aprovechar la coyuntura alcista de sus precios. El ahorro de los agricultores parece entonces el único importante (aunque la parte que se autoinvierte en las explotaciones agrarias genera directamente poco empleo). Ponderando estos factores, hay que concluir que la inflación desestimula el ahorro, sobre todo en países indisciplinados y sin hábitos de ahorrar, que suelen ser también los más inflacionistas”.

Otro aspecto a tener presente es que, cuando el porcentaje mensual de inflación es del orden del 2% (igual para todos los meses), la inflación anual es cercana al 24%. Sin embargo, cuando es el orden del 4% mensual (igual para todos los meses) la inflación anual resulta cercana al 54%, apareciendo otro elemento que favorece el descontrol del proceso. Enrique Ballestero escribió: “Los reyes que adulteraban la moneda (causa frecuente de inflación en la antigüedad) lo hacían dentro de una política fiscal. No se atrevían a subir los impuestos, una decisión heroica que les llevaba a enfrentarse directamente con los representantes del pueblo, y recurrían al subterfugio de las emisiones metálicas de baja ley. La creación de dinero para financiar el gasto público, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, equivale a una exacción tributaria, pero con una particularidad: es un impuesto que se carga sobre las clases sociales más débiles y sobre los individuos más ingenuos, ya que los ricos y los bien informados tienen oportunidades para defenderse del «pillaje»”.

Combatir la crisis inflacionaria implica que se deben reducir y eliminar sus causas, tal el gasto público excesivo. En la Argentina, además, tanto los gobernantes como un importante sector de la población, deben reconocer que dicho gasto es la causa principal del proceso destructivo de la economía. El citado autor escribió: “Si la inflación se genera a partir de las tensiones económicas que tienen, a menudo, una raíz política (como por ejemplo, los programas de gasto público o las reivindicaciones salariales, más allá de toda prudencia), las mejores medidas antiinflacionarios consistirán en atacar las causas reales y no sus efectos puramente monetarios. Al menos, ésta es la primera impresión que recibe un economista encarado al problema. Un gobierno responsable comenzará eliminando derroches, lo cual equivale a tomar unas medidas tan valientes como prescindir de buena parte de la burocracia, especializada en la malversación institucional de los recursos. Paralelamente, el gobierno tendrá que promover pactos sociales con los sindicatos y las asociaciones de empresarios, que aseguren una paz laboral en beneficio de todos; la espiral de inflación perjudica a los trabajadores (el salario puede perder valor adquisitivo) y perjudica también a las empresas (entre otras cosas, por la atmósfera conflictiva y sus repercusiones sobre la productividad” (De “Introducción a la teoría económica”-Alianza Editorial SA-Madrid 1988).

En cuanto a la estrategia utilizada para reducir la inflación, consideremos el siguiente ejemplo: si en un año existe un 3% de aumento del PBI y una tasa de inflación del 6%, será necesaria una impresión monetaria del 9% para mantener la plena actividad. De ahí que una acción concreta, por parte del Estado, será reducir la impresión monetaria hasta el 7 o el 8%, bajando un poco la inflación. Luego de algunos años, podrá llegarse a una inflación aceptable, o normal. Adviértase que un país que tergiverse las propias estadísticas oficiales, estará imposibilitado para hacerlo por no disponer de la información necesaria para realizar aun los cálculos más simples. G. A. Pastor escribió:

“Suspender la inflación no presenta problemas teóricos, como no los presenta científicos, en medicina, el hecho de suspender el alcohol a un alcohólico o el tabaco a un fumador. Con reducir la emisión de medios de pago a sus límites normales el problema está resuelto”. “Pero así como los alcohólicos, o los fumadores, en general, no quieren ser curados de su vicio y oponen toda la resistencia posible a los esfuerzos del médico, así también los esfuerzos coaligados de los obreros, de los especuladores y de los industriales se oponen, en general, a la suspensión de la inflación”.