lunes, 17 de junio de 2013

El gasto público

El Estado recaudador y gastador da lugar a interrogantes y plantea discusiones. Por una parte, presenta la posibilidad de aunar esfuerzos individuales bajo el lema “la unión hace la fuerza”, permitiendo que la sociedad pueda disponer de obras públicas que ningún integrante podría realizar en forma individual. Sin embargo, como los recursos económicos son limitados, una obra costosa absorbe capital y trabajo que, necesariamente, dejará de destinarse a otros sectores de la economía. De ahí que deba realizarse un previo estudio de los aspectos a favor y en contra, para impedir que se materialicen obras faraónicas que malgastarán recursos que podrían haberse utilizado con mayor eficacia en la satisfacción de otras necesidades. Respecto de la construcción de una central hidroeléctrica, Henry Hazlitt escribe:

“Hace falta un especial esfuerzo de imaginación, que poca gente parece capaz de realizar, para considerar el debe del libro mayor. Si los impuestos obtenidos de los ciudadanos y empresas son invertidos en un lugar geográfico concreto, ¿qué tiene de sorprendente ni de milagroso que dicho lugar disfrute una mayor riqueza en comparación con el resto del país? No es lícito olvidar en tal supuesto que otras regiones serán por ello relativamente más pobres. De todas suertes, lo que «el capital privado no podía construir» lo ha sido, de hecho, por el capital privado; por aquel capital extraído mediante la exacción fiscal, o si se obtuvo mediante empréstitos, habrá de ser finalmente amortizado con cargo a impuestos que también en su día soportará el contribuyente. De nuevo hay que hacer un esfuerzo de imaginación para ver las centrales eléctricas y viviendas privadas, las máquinas de escribir y los aparatos de radio que nunca llegaron a cobrar realidad porque el capital necesario fue tomado a los ciudadanos de todo el país y dedicado a la construcción de la fotogénica Presa Norris” (De “La economía en una lección”-Unión Editorial SA-Madrid 1981).

En la antigüedad, mientras egipcios y griegos realizaban grandes obras que tenían muy poca utilidad pública, los romanos construían caminos y acueductos que servían a toda la población. Justamente, las pirámides de Egipto son un ejemplo del fruto del trabajo de miles de trabajadores que realizan una obra que tiene solamente una utilidad simbólica, por lo que resulta más aceptable la actitud de los romanos, ya que también en lo práctico puede encontrarse cierta espiritualidad.

Las obras intermedias implican menores riesgos, tal la construcción de una nueva ruta, ya que implica revalorizar los terrenos aledaños permitiendo, con el tiempo, que allí se construyan viviendas, comercios e industrias dando un impulso importante a una zona inutilizada en su momento. Cuando el Estado realiza tal tipo de intervención en la economía, no resulta criticable por cuanto favorece la producción. Algo distinto resulta cuando su acción de control entorpece el libre desempeño de los sectores productivos.

Uno de los aspectos a considerar es el de quién está mejor capacitado para realizar inversiones: ¿el empresario que produce bienes y servicios y que, por ello mismo, sabe realizar inversiones productivas?, ¿o el Estado que, mediante impuestos, extrae del empresario una parte de los recursos económicos por éste generados? La respuesta inmediata es que debe hacerlo quien conoce mejor del tema y que, a la vez, es el que generó los recursos. Sin embargo, se argumenta generalmente que el empresario es egoísta y tiene ambiciones individuales, mientras que el político a cargo del Estado se preocupa por el bienestar del pueblo, por lo que es la persona indicada para hacer las inversiones. Como muchos empresarios son profesionales, como es el caso de ingenieros, enólogos, licenciados, etc., mientras que la mayor parte de los políticos son abogados (al menos en la Argentina), quienes sostienen que es el Estado el que debe hacer inversiones presuponen que los abogados son mejores personas, y más capaces, que el resto de los profesionales, lo que suena como algo absurdo. Si se presume la igualdad ética y laboral de los profesionales, se concluye en que las inversiones, o una gran parte de ellas, deben hacerlas quienes generan los recursos respectivos, siendo sus frutos repartidos a través del trabajo asociado al proceso del mercado (que fue definido por Friedrich A. Hayek como “el proceso de descubrimiento por el cual los empresarios tratan de determinar dónde hay una demanda insatisfecha”).

El porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno) a cargo del Estado se ha ido incrementando con el tiempo. Si ese aumento se hubiese traducido siempre en buenas inversiones, no habría razones para crítica alguna. Sin embargo, en muchos casos ello ha implicado el estancamiento económico de las naciones. Roberto Cachanosky escribió: “[En un trabajo en el que] se analiza la evolución del gasto público en una serie de países desarrollados entre 1870 y 1994, puede observarse cómo el peso del Estado sobre el sector privado (medido como porcentaje del PBI) pasó de un 8,3% del PBI en 1870 al 49% del PBI en 1994”. “Este incremento del gasto tiene dos etapas. Hasta mediados del siglo XX los mayores incrementos del gasto se explicaban por el financiamiento de las guerras, y la Primera y la Segunda Guerras Mundiales tienen una relevancia significativa. Pero a partir de mediados de siglo, las ideas del Estado benefactor van adquiriendo mayor fuerza y comienzan a explicar una parte más importante del incremento del gasto”.

“Justamente, en los países desarrollados, el gasto público en subsidios y transferencias aumenta de un 0,9% del PBI en 1870 al 23% del PBI en 1992, reflejando la existencia de un Estado intervencionista (subsidio a los productores) y un Estado benefactor, con toda la burocracia que ello implica”. “El creciente gasto público tiene una estrecha relación con el comportamiento de la mayoría de los dirigentes políticos que son proclives a redistribuir compulsivamente ingresos y patrimonios, escudados en argumentos de carácter social. Sin embargo, detrás de estos argumentos subyace una realidad que consiste en el beneficio político que buscan obtener al redistribuir, a través del gasto público, los ingresos y patrimonios de los contribuyentes” (De “Economía para todos”-Konrad Adenauer Stiftung-Buenos Aires 2002).

A pesar de las enormes cantidades de recursos destinados a combatir la pobreza, los resultados obtenidos pocas veces son los esperados. Ello se debe a que, por lo general, gran parte de esos recursos va a parar a la intermediación, esto es, a sectores de la clase media que trabajan en el Estado y que gestionan esos recursos. Cuando la ayuda social del Estado se generaliza hacia quienes no necesitan realmente esa ayuda, todavía menor ha de ser el porcentaje que llega a quien esté verdaderamente necesitado. William E. Simon describe una situación en la que, en los EEUU, si se hubiese repartido entre los pobres el monto asignado por el Estado a ese fin, no debería haber más pobres. Al respecto escribe:

“Podríamos haber hecho de cada persona pobre una persona rica. Sin embargo, no lo hicimos, y los pobres siguen siendo pobres, como siempre lo han sido. ¿Qué sucedió entonces? La respuesta es que sólo parte del dinero llegó a sus destinatarios. Diría que la mayor parte del dinero fue a la gente que los consuela, que examina sus dificultades, que trata de ayudarlos e inventa nuevas estrategias para sacarlos de sus miserias. Fue a los consejeros, planificadores, ingenieros sociales, expertos en urbanismo y a los asistentes administrativos de los asistentes administrativos que trabajan para el gobierno federal”. “En una nación políticamente dominada por el pensamiento igualitarista, la nivelación –y no el hecho de sacar a los necesitados de su miseria- es el verdadero objetivo. De hecho, en la medida más desagradable, los «pobres» que son invocados para justificar casi todas las políticas contemporáneas, resultan meramente el medio por el cual se llega a un fin. Lawrence Chickering cierta vez describió irónicamente este fenómeno: «Si no hubiera pobres –dijo- los [socialdemócratas] tendrían que inventarlos»” (De “La hora de la verdad”-Emecé Editores SA-Buenos Aires 1980).

En cuanto a la forma en que se agrupan los gastos del Estado, tenemos cuatro grandes grupos:

a) Pago de sueldos y jubilaciones
b) Compra de bienes y servicios
c) Pago de intereses y capital de la deuda pública
d) Subsidios

Mientras que los ingresos del Estado provienen de los siguientes orígenes:

a) Impuestos
b) Emisión monetaria
c) Endeudamiento
d) Venta de activos del Estado

De la misma forma en que una familia debe gastar algo menos de lo que gana, el Estado debe reducir sus gastos hasta un nivel algo inferior al de los ingresos. Cuando aumenta el gasto público, el Estado debe aumentar los impuestos. Si sigue aumentando ese gasto, deberá pedir préstamos, emitir moneda en exceso o vender activos. Aun cuando no se llegue a esta situación, que tiende a deteriorar la economía, los gastos excesivos resultan poco favorables para la inversión. Roberto Cachanosky escribió: “El crecimiento de la carga impositiva para financiar los crecientes gastos estatales tiene como contrapartida necesaria una menor tasa de inversión. En efecto, más allá del debate que pueda establecerse sobre la posibilidad que tienen las empresas de trasladar los impuestos a los consumidores, el dato relevante es que los impuestos constituyen parte del costo de producción de la empresa”.

“Los incrementos de la carga tributaria, que son la contrapartida del aumento del gasto público, desestimulan la inversión, reducen la productividad de la economía y, por lo tanto, afectan al crecimiento del salario real”.

“Hoy en día las empresas se trasladan fácilmente de un país a otro. Esto quiere decir que cada vez se observa un mayor grado de competencia entre los países por atraer o retener inversiones disminuyendo la carga impositiva. Pero no todas las empresas optan por trasladarse a otros países. Las pequeñas y medianas empresas, los pequeños comerciantes, artesanos, etcétera, optan por trabajar en el mercado informal evadiendo impuestos”. “Cuando el premio por evadir es alto, esto es, cuando la carga tributaria es muy elevada, la evasión aumenta”.