domingo, 30 de septiembre de 2012

El periodismo político

De todo periodista se espera el cumplimiento del requisito básico de informar con veracidad, objetividad e imparcialidad, dejando de lado sus propias inclinaciones, mientras que el medio de difusión en donde desarrolla su actividad debe garantizarle libertad e independencia de pensamiento; expectativas que a veces no se cumplen. Además, el hecho de ser verídico, objetivo e imparcial, no debe implicar ocultar sus opiniones personales tales como las conclusiones e interpretaciones de los acontecimientos relatados. Félix Luna escribió:

“El periodismo político de buen nivel comienza con posterioridad a Caseros. De entonces son los cuatro diarios que hacen escuela en Buenos Aires y en todo el país”. “Aclaremos: en realidad todos eran diarios políticos. El aspecto informativo era secundario. Total, las noticias importantes se sabían de uno u otro modo. Lo esencial era el comentario que se formulaba sobre hechos y personajes. Por eso, quien recorre esas viejas colecciones se sorprende al ver que casi no hay noticias concretas (nos referimos a las que hoy ocuparían la primera plana de cualquier cotidiano) y en cambio abundan las interpretaciones y polémicas acerca de hechos que no se han precisado con anterioridad”.

“A treinta años de la presidencia de Sarmiento, otro presidente decía: «Nuestros grandes diarios criollos, La Nación, La Prensa, El Diario, que se odian entre sí, se juntan siempre para demoler y ultrajar. Esta nuestra prensa –afirma Roca- cree que no se puede existir sin atacar toda iniciativa de gobierno, por buena que sea…»” (De “Conflictos y armonías”-Editorial Planeta Argentina SAIC-Buenos Aires 1993).

Un periodista ha de ser, necesariamente, un formador de la opinión pública, aunque es distinto formarla con la verdad a deformarla con la mentira. Así como al político se le exige decir la verdad, al periodista se le debe exigir otro tanto. Y ello principalmente porque, como han dicho algunos pensadores, lo que influye en cada uno de nosotros no son los hechos concretos sino la opinión que de ellos nos formamos. Walter Lippmann escribió: “Aceptamos que la acción de cada hombre no se basa en un conocimiento directo y certero, sino en las representaciones que ese mismo hombre se ha hecho o en las que le han sido dadas” (De “La opinión pública”-Compañía General Fabril Editora SA-Buenos Aires 1964).

Supongamos que un periodista, tratando de mantener cierta neutralidad informativa, se limita a decir que tal gobernante genera, respecto de alguna decisión o alguna expresión, opiniones adversas en algunos casos y favorables en otros, pero sin “jugarse” y sin emitir una opinión propia. Luego, es posible que sus lectores, oyentes o televidentes mostrarán cierta disconformidad.

Imaginemos que vivimos en la Argentina del siglo XIX, bajo la presidencia de don Juan Manuel de Rosas, y que leamos algunos artículos firmados por periodistas argentinos en el exilio, como Sarmiento y Alberdi. Si bien, como lectores, esperamos y exigimos que se nos diga siempre la verdad, también esperamos que tales periodistas, en el nombre de ciertos principios éticos y del futuro de la patria, emitan sus críticas cuando tales principios o ideales no son respetados por el gobernante.

Tanto Sarmiento como Alberdi vislumbran un país futuro, el que debería seguir luego de la caída del tirano. En ese sentido eran “formadores de la opinión pública”, pero teniendo como objetivo el mejoramiento del orden político, económico y social. A pesar de que estaban unidos en su lucha contra Rosas (o a favor de la Nación) surge un antagonismo personal que conduce a una áspera disputa periodística entre ambos.

En el caso mencionado se hace evidente que es imprescindible disponer de libertad de prensa para dar lugar a las diversas opiniones para que se establezca una especie de “mercado libre de la información”, donde todo ciudadano pueda optar por el medio periodístico que le resulte de mayor confianza e interés. Nelson Castro escribió: “La historia supo unir a Domingo Faustino Sarmiento y a Juan Bautista Alberdi. Y lo hizo en un terreno que, podría decirse con seguridad y sin temor al error, era para ambos totalmente ajeno a sus actividades y a sus inquietudes: crease o no, Sarmiento y Alberdi, dos intelectuales y emblemáticos de la política argentina del siglo XIX, formaron parte de la campaña del Ejército Grande que, comandado por Justo José de Urquiza, derrotó a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852” (De “Rivales”-Ediciones B Argentina SA-Buenos Aires 2011).

El antagonismo entre ambos personajes surge, entre otros aspectos, porque, para uno la educación era lo prioritario, mientras que para el otro lo era el establecimiento de una Constitución Nacional. Sarmiento escribe: “¿Ėsas son vuestras Bases de Constitución? ¿Ėsa la palanca de organización y progreso? ¡Para manejar la barreta se necesita aprender a leer, abogado Alberdi! En Copiapó se paga 14 pesos al barretero rudo, palanca de demoler ciegamente la materia; y 50 pesos al barretero inglés que, merced de saber leer, se le encomiendan las cortadas, socavones y todo trabajo que requiera el uso de la inteligencia, ¡Para manejar el arado se necesita saber leer, periodista y abogado!” (De “Las ciento y una”).

En la actualidad se propone, desde el oficialismo, un “periodismo militante”, es decir, un periodismo que no tenga como objetivo formar la opinión pública en base a la verdad sino en base al interés del partido gobernante. En la analogía mencionada, vendría a ser el caso de periodistas que estuviesen dispuestos a interpretar la realidad de tal manera que siempre sus opiniones resultaran favorables a Rosas. Además, y asociado a esa clase de periodismo (si así se le puede denominar), se ha establecido una ley de medios de difusión que tiende a suprimir los monopolios privados, pero para establecer un monopolio estatal. De esa manera, se trata de lograr un sistema de “desinformación pública” partidaria que muestre una realidad bastante distinta de la que por lo general resulta. Julio Bárbaro, ex interventor del Comfer (Comité Federal de Radiodifusión, actualmente Afsca), manifestó en una entrevista televisiva de TN: “Hay un retroceso en la libertad de la prensa. La Ley está hecha contra Clarín. No tiene que ver con la libertad de medios, ni con nada. Tengo tristeza porque veo una sociedad cada vez más fracturada”.

Como justificación y legitimación de tal decisión se aduce que los medios privados y monopólicos utilizan tales medios para dominar mentalmente a la sociedad a favor de sus intereses económicos, u otros fines egoístas o perversos. Suponiendo que en realidad fuese así, el hecho de que, desde el Estado, se trate de hacer exactamente lo mismo, pero tratando de imponer una visión distorsionada de la realidad en el sentido opuesto, se estaría combatiendo un error con otro error.

Volvemos a un caso similar a lo que ocurre con la economía; mientras se critica al sistema capitalista, o economía de mercado, porque permite una excesiva concentración de poder económico, se trata de solucionar el problema a través de una concentración mucho mayor aún mediante la confiscación masiva de los medios de producción. Luego, si se considera como malo al monopolio privado, por ser manejado por “mala gente”, se estima que el monopolio estatal ha de ser bueno porque será manejado por “buena gente” (los políticos de izquierda). Debemos tener presente un hecho básico: que la verdad es lo opuesto a la mentira, en lugar de serlo una “mentira opuesta”, y que la cooperación es lo opuesto a la confrontación, en lugar de serlo una confrontación distinta a la anterior.

El totalitarismo (todo en el Estado) tiende a suprimir toda iniciativa individual, mientras que en el caso del periodismo, al tender a suprimir toda disidencia, restringe la libertad de expresión logrando luego el totalitarismo político. Si un partido opositor no dispone de ningún medio periodístico favorable, es posible que tienda a desaparecer; al menos ésas son las consecuencias que siguen luego de que se logre establecer el monopolio estatal de los medios masivos de información.

Un caso notable es el de Radio Colonia, del Uruguay. Debido a su cercanía con la Argentina, en algunas épocas, y debido a la censura del Estado a las emisoras locales, el público argentino se informaba de la situación de su propio país a través de dicha radio uruguaya. Pareciera que el futuro le ha de seguir dando un lugar preferencial. Julio Bárbaro agrega: “Crónica TV, Radio 10 y C5N pasaron a manos del gobierno. La Ley viene de la mano de las cooperativas y los pueblos originarios, pero busca otra cosa. Si cayera TN y el Trece, vamos a terminar siendo Radio Colonia”.

El pensamiento de quienes pretenden suprimir tanto el mercado económico, como el político y el de la información, parten de la base de que constituyen un sector de iluminados que se arrogan el derecho de decidir por toda la población, que a su vez constituiría un sector incapaz de elegir lo que más le conviene. Es una actitud similar al de quienes justificaban el colonialismo europeo en muchas partes del mundo aduciendo que lo hacían “en beneficio de los pueblos colonizados”. Los políticos totalitarios pretenden establecer un autocolonialismo en su propio país pretendiendo que el sector de iluminados decida en todos los casos, y por todos. J. M. Bury escribió:

“Quienes tienen la responsabilidad de gobernar una sociedad pueden argüir que les incumbe tanto prohibir la circulación de opiniones perniciosas como el evitar cualquier acción antisocial. Pueden sostener que un hombre hace más daño propagando doctrinas antisociales, que robando el caballo del vecino, o enamorando a la esposa de su prójimo. Les compete cuidar bien del Estado, y, si están convencidos de que una opinión es peligrosa porque amenaza los postulados políticos, religiosos o morales sobre los que la sociedad se basa, deben proteger a la sociedad contra ella, como contra cualquier otro peligro”.

“La verdadera respuesta a semejante argumentación dirigida a limitar la libertad de pensamiento aparecerá más tarde. No fue una cosa tan obvia el logro de esa libertad. Se necesitó mucho tiempo para llegar al convencimiento de que restringir la libertad de opinión suponía un error, y aun hoy sólo una parte del mundo acepta esta conclusión que es, a mi juicio, la más importante a que nunca ha llegado el hombre luego de una lucha constante entre autoridad y razón”.

“Si la historia de la civilización tiene alguna lección que enseñarnos, es ésta: hay una condición suprema del progreso intelectual y moral que está por completo dentro del poder del hombre el poder asegurar, y ésta es la libertad de pensamiento y discusión. El establecimiento de dicha libertad puede ser considerado el logro más valioso de la civilización moderna, debiendo considerarse como una condición fundamental del progreso social. Las consideraciones de utilidad permanente sobre las que descansa, deben pesar más que cualquier cálculo de la conveniencia actual que, en cualquier momento, pueda pensarse que exige su violación” (De “La libertad de pensamiento”-Fondo de Cultura Económica-México 1941).

Por lo general, quienes tratan de dominar mentalmente a una sociedad, primeramente se han sometido a los caprichos de un líder, a quien adulan, y que piensa por ellos indicándoles lo que deben decir e incluso a quiénes deben odiar.